La atribución del uso de la vivienda familiar es una de las cuestiones más relevantes en los procesos de separación y divorcio, especialmente cuando hay hijos en situación de discapacidad. La regulación legal y la jurisprudencia han evolucionado para equilibrar la protección de las personas más vulnerables con el respeto a los derechos de propiedad.

El incremento de los fraudes bancarios en los últimos años ha transformado el panorama de la seguridad financiera, especialmente desde el auge de las operaciones digitales durante la pandemia. Según el Ministerio del Interior, los fraudes informáticos aumentaron un 509,1% entre 2016 y 2024, con más de 427.000 denuncias en 2023, un 90% de las cuales correspondieron a fraudes bancarios. Este fenómeno afecta de manera particular a las personas mayores, quienes, debido a su falta de familiaridad con las tecnologías, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a estas prácticas delictivas.

Las medidas cautelares que implican la prohibición de aproximación, comunicación, residencia y de acudir a ciertos lugares son mecanismos clave en la protección de las víctimas en determinados procedimientos penales. Estas medidas se pueden imponer de manera preventiva y cautelar con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de la víctima frente a situaciones de riesgo inminente, siempre bajo el marco legal establecido.

El art. 96 del Código Civil señala que en defecto de acuerdo de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad.

La inclusión de la custodia compartida en la legislación se realiza a través de la Ley 15/2005, de 8 de julio, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la separación y el divorcio. Esta ley altera el artículo 92 Cc, abriendo la opción de la custodia compartida.

Tal y como se recogen a la propia página del Ministerio de Hacienda, es un fondo carente de personalidad jurídica que tiene como finalidad garantizar a los hijos menores de edad el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

El incumplimiento de las obligaciones económicas previsto en los arts. 227 y 228 del Código Penal es un delito muy relevante para los jueces, fiscales y abogados debido a su frecuente aplicación en los juzgados penales. Sin embargo, las Audiencias Provinciales no siempre están de acuerdo en cuanto a ciertos aspectos fundamentales de este delito, como son los tipos de prestaciones incluidas, qué debe entenderse por responsabilidad civil y quién está legitimado para perseguir el delito.

El término "ajuar doméstico" tiene diferentes significados según el punto de vista civil o fiscal. Desde una perspectiva civil, se refiere a una categoría especial de bienes que están vinculados a una persona en particular por su uso. Estos bienes pueden ser privativos o gananciales.

La mayoría de las personas que se plantean el divorcio lo hacen sabiendo que va a tener un coste, tanto económico como emocional, pero muchas -especialmente las que buscan de forma casi premeditada acabar en un divorcio contencioso- pueden sufrir una enorme sorpresa cuando esos costes empiezan a acumularse durante el proceso.

A través de una interesante sentencia del pasado 5 de octubre de 2022, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto un procedimiento en el que se planteaba la procedencia de la acción de adición o complemento de una liquidación de gananciales