La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 283/2026, de 23 de febrero, vuelve sobre una cuestión que, pese a su apariencia técnica, tiene una enorme trascendencia práctica en los litigios de seguro: cuándo debe entenderse producido el siniestro en los seguros de vida que incluyen cobertura de invalidez permanente absoluta. La respuesta no es menor, porque de ella depende, muchas veces, si la póliza estaba o no en vigor cuando surgió el derecho a la indemnización. Esta nueva resolución encaja con la doctrina que ya habías tratado en tu artículo sobre la fecha del siniestro en los seguros de vida con cobertura de invalidez, donde se subrayaba que la fecha relevante no siempre coincide con la declaración administrativa de incapacidad.

Cuando una actuación sanitaria presuntamente contraria a la lex artis desemboca en el fallecimiento del paciente, el ordenamiento español no limita la reclamación a una única figura: pueden concurrir, con fundamentos distintos, acciones ejercitables por los herederos (como sucesores en determinados derechos de crédito del causante) y acciones ejercitables por familiares o allegados en su propio nombre, por los daños personales y patrimoniales que les provoca la muerte.

La Sentencia nº 84/2025, de 24 de febrero, dictada por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, constituye una resolución de especial interés para el sector asegurador y deportivo, al abordar con notable profundidad una cuestión que habitualmente ha sido tratada como un simple formalismo administrativo: el alcance real de las obligaciones de información de las federaciones deportivas cuando contratan el seguro obligatorio de accidentes para sus federados.

Durante las primeras semanas de 2026, el Tribunal Supremo, en su Pleno de la Sala Primera de lo Civil, ha dictado dos sentencias de enorme relevancia práctica para el mercado asegurador y la litigación civil: la Sentencia de 21 de enero de 2026 (STS 97/2026) y la Sentencia de 28 de enero de 2026 (STS 99/2026). Ambas resoluciones se inscriben en el ámbito de los seguros colectivos, pero lo hacen en contextos fácticos y jurídicos muy distintos, lo que explica la aparente divergencia de sus soluciones en torno a la problemática común de la oponibilidad de las cláusulas limitativas de derechos del asegurado conforme al artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

La delimitación temporal del siniestro en los seguros personales que cubren la invalidez derivada de accidente constituye una de las cuestiones más litigiosas en la práctica aseguradora. No tanto por su complejidad conceptual, sino por la frecuencia con la que el desarrollo clínico de las secuelas y su declaración administrativa se extienden durante meses o años, con el resultado —no infrecuente— de que el asegurado obtiene el reconocimiento formal de la incapacidad permanente cuando el contrato ya ha expirado o cuando se ha producido el impago de primas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mérida ha condenado a GES Seguros y Reaseguros, S.A. al pago íntegro del capital asegurado en un seguro de vida, 200.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas procesales, al rechazar la cláusula de exclusión por alcohol y drogas invocada por la aseguradora tras el fallecimiento del asegurado.

El artículo 10 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, se invoca con frecuencia por las compañías aseguradoras como si se tratara de una cláusula de exclusión, destinada a sancionar al tomador que oculta información médica relevante en el momento de suscribir su seguro de vida.

Una parte significativa de la litigiosidad en materia de seguros de vida e invalidez no se explica tanto por la complejidad normativa como por la reiteración de determinadas estrategias defensivas que los tribunales vienen rechazando de forma constante. Entre ellas destacan dos: la atribución posterior al asegurado de un conocimiento médico que no tenía en el momento de perfeccionarse el contrato, y la invocación extensiva de la nulidad del contrato por inexistencia del riesgo del artículo 4 de la Ley de Contrato de Seguro.

La Sentencia núm. 1396/2025, de 8 de octubre, de la Sección 1.ª de la Sala Primera del Tribunal Supremo, vuelve sobre un tema cardinal para la economía del seguro: la interpretación y aplicación de los intereses moratorio-sancionadores del artículo 20 LCS. El Alto Tribunal estima el recurso de casación de la madre de un menor lesionado por la mordedura de un perro y condena de oficio a la aseguradora al pago de los intereses del art. 20 LCS, casando en este único extremo la sentencia de apelación.