El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mérida ha condenado a GES Seguros y Reaseguros, S.A. al pago íntegro del capital asegurado en un seguro de vida, 200.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas procesales, al rechazar la cláusula de exclusión por alcohol y drogas invocada por la aseguradora tras el fallecimiento del asegurado.

El artículo 10 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, se invoca con frecuencia por las compañías aseguradoras como si se tratara de una cláusula de exclusión, destinada a sancionar al tomador que oculta información médica relevante en el momento de suscribir su seguro de vida.

Una parte significativa de la litigiosidad en materia de seguros de vida e invalidez no se explica tanto por la complejidad normativa como por la reiteración de determinadas estrategias defensivas que los tribunales vienen rechazando de forma constante. Entre ellas destacan dos: la atribución posterior al asegurado de un conocimiento médico que no tenía en el momento de perfeccionarse el contrato, y la invocación extensiva de la nulidad del contrato por inexistencia del riesgo del artículo 4 de la Ley de Contrato de Seguro.

La Sentencia núm. 1396/2025, de 8 de octubre, de la Sección 1.ª de la Sala Primera del Tribunal Supremo, vuelve sobre un tema cardinal para la economía del seguro: la interpretación y aplicación de los intereses moratorio-sancionadores del artículo 20 LCS. El Alto Tribunal estima el recurso de casación de la madre de un menor lesionado por la mordedura de un perro y condena de oficio a la aseguradora al pago de los intereses del art. 20 LCS, casando en este único extremo la sentencia de apelación.

La determinación de la fecha del siniestro constituye uno de los puntos más conflictivos en los seguros de vida que incluyen cobertura por invalidez o incapacidad permanente derivada de enfermedad común. De ella depende, en última instancia, si el siniestro queda cubierto o no, especialmente cuando la declaración de incapacidad se produce después de la extinción de la póliza.

Nuestras normas jurídicas cuentan con artículos que, más que preceptos, constituyen declaraciones de principios. El artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro pertenece a esa estirpe: consagra la idea, tan sencilla como incómoda, de que quien se retrasa en pagar lo debido debe asumir las consecuencias.

Hay casos que no son solo un expediente judicial, sino una parábola sobre la confianza: sobre cómo un vínculo profesional, tejido con palabras y promesas, puede deshacerse por la sola inercia del silencio. La Sentencia n.º 109/2025, de 20 de marzo, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª) arroja luz sobre un tema tan frecuente como delicado: la responsabilidad civil del abogado y el verdadero alcance del seguro que debe proteger al cliente cuando la defensa fracasa por negligencia.

En Basilea Abogados hemos defendido recientemente el caso de una asegurada a la que Occident GCO, S.A.U. de Seguros y Reaseguros denegó el pago de la indemnización derivada de su seguro de vida, tras serle reconocida una gran invalidez por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En los juzgados, los accidentes de trabajo llegan como ráfagas de pólvora. La rutina diaria de una obra, de una fábrica o de un taller se convierte, de pronto, en un escenario de tragedia: un andamio que cede, una máquina que atrapa una mano, un techo que se desploma. Y tras el silencio inicial, empieza la batalla de los abogados, los informes periciales, los seguros que intentan zafarse y las familias que reclaman justicia.

El seguro de vida constituye uno de los instrumentos más relevantes de protección patrimonial y familiar dentro del mercado asegurador. La expectativa legítima del asegurado y de sus beneficiarios es que, llegado el siniestro, la entidad aseguradora cumplirá las prestaciones pactadas con celeridad y diligencia. Sin embargo, no son infrecuentes los supuestos en los que las compañías niegan el pago alegando exclusiones o interpretaciones restrictivas del contrato.