En esta entrada analizamos la reciente sentencia del Tribunal Supremo que aborda el incumplimiento del deber de declaración del riesgo en los contratos de seguro de vida. En particular, se examina el caso de una beneficiaria que reclamó el pago de una póliza tras el fallecimiento de su esposo debido a un cáncer colorrectal. La aseguradora se opuso al pago argumentando que el tomador ocultó información relevante sobre su estado de salud en el cuestionario previo a la contratación. La clave del caso radica en determinar si dicha omisión infringe el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y si justifica la negativa de la aseguradora a abonar la indemnización.

El Tribunal Supremo ha resuelto a favor del asegurado en su litigio contra Mapfre Caja Madrid Vida SA, anulando las sentencias previas de las instancias inferiores y confirmando la plena vigencia de la póliza de seguro de vida e invalidez suscrita en 2009. El Alto Tribunal, en su sentencia de 3 de diciembre de 2024, considera que la aseguradora no puede reducir la indemnización alegando omisiones en el cuestionario de salud cuando estas no guardan relación causal con el siniestro. Además, establece que la regla de indisputabilidad del artículo 89 de la Ley de Contrato de Seguro impide a la aseguradora impugnar el contrato o aplicar la regla proporcional transcurrido un año desde su firma, salvo dolo.

La contratación de seguros de manera electrónica es cada vez más habitual, gracias a la comodidad y rapidez que ofrecen las plataformas digitales. Sin embargo, este avance plantea desafíos legales específicos, especialmente en relación con la validez y eficacia de las cláusulas contractuales aceptadas mediante medios electrónicos. Las aseguradoras han adoptado métodos digitales para formalizar contratos, pero estas prácticas deben cumplir con los requisitos legales establecidos para garantizar la protección de los consumidores y la seguridad jurídica de las transacciones.

Los beneficios laborales juegan un papel fundamental en la atracción y retención de talento en las empresas españolas. Entre ellos, los seguros de vida colectivos se han convertido en una de las opciones más valoradas, ya que proporcionan seguridad tanto a los empleados como a sus familias. Sin embargo, es importante entender las implicaciones fiscales de este tipo de beneficios, especialmente en lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A continuación, abordamos las características y el impacto fiscal de estos seguros.

A través de la reciente sentencia 724/2024, del 22 de mayo, la Sala Social del Tribunal Supremo ha fijado con claridad cuáles son los requisitos que deben concurrir para que un accidente se considere accidente.

En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, el plazo de prescripción es de un año, susceptible de ser interrumpido por reclamación extrajudicial o judicial, según el artículo 1973 del Código Civil. Esta disposición contrasta con la práctica general en otros países, donde el plazo es más extenso y la interrupción se limita al ejercicio de la reclamación judicial.

Es muy habitual que en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por vehículos a motor se planteen dudas acerca de los efectos que causa el auto de cuantía máxima para que el perjudicado pueda entablar las correspondientes acciones ante la jurisdicción civil.

Es frecuente que en los procedimientos judiciales relacionados con la responsabilidad civil profesional (daños constructivos, mala praxis médica, etc.), o con la reclamación de daños y perjuicios derivados de un accidente, las partes que intervienen en ese proceso valgan de distintos informes periciales que ayuden a apuntalar sus defensas, tanto en lo relativo al origen de los daños reclamados como en lo referente a su valoración económica.

Es común que a un abogado se le asigne la tarea de proteger los intereses de una compañía de seguros para recuperar las cantidades abonadas a un asegurado que ha sufrido un daño patrimonial a causa de un delito. Por ejemplo, el caso de un accidente de tráfico causado por una persona en estado de embriaguez, que causa daños materiales a las instalaciones del asegurado, además de lesiones corporales.

A través de sentencia del pasado 14 de noviembre de 2023 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la viuda de un asegurado de Allianz, y condena a esta compañía de seguros a dar cumplimiento a las coberturas pactadas en el seguro de vida suscrito por el asegurado.