El Tribunal Constitucional ha resuelto que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de varios trabajadores, a quienes se les impidió impugnar las causas justificativas de un despido colectivo.

En su Sentencia de 23 de junio de 2021, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido que procede el pago de los salarios de tramitación cuando el despiudo sea declarado improcedente como acción acumulada a la de la extinción voluntaria ex art. 50 ET.

Basilea Abogados ha conseguido la absolución de nuestro cliente en un procedimiento penal por delito de impago de pensiones, en el Juzgado de lo Penal n.º 1 de esta capital, que ha dictado sentencia el 30 de junio de 2021, favorable a nuestro defendido. 

Uno de los puntos que habitualmente genera mayores controversias dentro de la práctica laboral es la referente a las consecuencias que deben derivarse de la utilización por parte de la empresa de una prueba ilícita para justificar el despido de un trabajador. Es decir, si la mera existencia de un medio de prueba contaminado debe llevar aparejada la necesaria nulidad del despido, en virtud del art. 55.5 ET o, si por el contrario, debe procederse a excluir esta prueba del procedimiento y calificar el despido sin tenerla en cuenta, dándole la calificación que resulte del resto de la prueba practicada. Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2021, de 15 de marzo, se decanta por la segunda opción.

Basilea Abogados ha conseguido que la Sección 22ª de la Audiencia Povincial de Madrid estime nuestro recurso de apelación, acordando la custodia compartida de los dos hijos menores de nuestro cliente. Se estima así nuestra demanda de modificación de medidas presentada en defensa del padre, con la que solicitábamos la modificación del convenio de divorcio aprobado en el año 2014.