LA NULIDAD DEL AVAL DE LOS PRÉSTAMOS ICO COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020, promulgado el 17 de marzo, estableció la Línea de Avales del Estado por un monto de hasta 100.000 millones de euros. Su objetivo era contribuir al mantenimiento del empleo y mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Estos avales tenían como finalidad garantizar la financiación otorgada por las entidades de crédito, permitiendo así el acceso a recursos económicos y la liquidez para empresas y autónomos en un contexto marcado por la pandemia del Covid-19.

La implementación de la Línea de Avales del Estado se llevó a cabo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dando lugar a los llamados préstamos ICO Covid-19, concedidos por diversas entidades financieras. Según la información proporcionada a los clientes, estos préstamos estaban respaldados por el ICO en un 80% del capital principal para autónomos y pymes, y en un 70% para otros tipos de sociedades, con un límite del 60% en caso de renovación de préstamos previamente concedidos.

Sin embargo, a pesar de que el ICO avalaba hasta el 80% del préstamo para pymes y autónomos, las entidades de crédito también exigieron avales personales como requisito inexcusable para acceder al préstamo. Estos avales fueron prestados en el convencimiento de que solo se ejecutaría en caso de impago por el importe no avalado por el ICO, es decir, el 20% restante.

En efecto, una vez que los impagos de estos préstamos han comenzado a surgir, las entidades de crédito han adoptado una estrategia que responsabiliza tanto a los prestatarios como a los fiadores por el 100% del préstamo impagado, dejando de lado cualquier reclamación al ICO. Esto se hace como si la Línea de Avales del Estado no existiera, y se descargan todas las consecuencias y responsabilidades sobre los avalistas.

Ante la situación descrita, surge una pregunta obvia: ¿Existe alguna opción legal para que los avalistas puedan liberarse de la responsabilidad de pagar la totalidad del préstamo?

La respuesta es que sí. La información proporcionada por las entidades bancarias, en la mayoría de los casos, fue incorrecta con respecto al alcance del aval personal otorgado. Este hecho puede ser defendido ante nuestros tribunales, especialmente considerando que en muchas ocasiones estos préstamos se presentaron como respaldados por el ICO en un 80% para autónomos y pymes, y hasta un 70% para otros empresarios.

Además, no debemos ignorar la protección que la Ley de Consumidores y Usuarios podría brindar si los avalistas son considerados consumidores y si las circunstancias demuestran una sobre-garantía o garantía desproporcionada del préstamo, algo rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Aunque la controversia es reciente y las demandas aún están en proceso, ya hay algunas sentencias favorables para los avalistas en nuestros juzgados de primera instancia. Algunos tribunales han dictaminado que los avalistas solo deben responder por el 20% del préstamo, no por el 100% como pretenden las entidades crediticias.

Este pronunciamiento se basa en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el error como vicio del consentimiento, especialmente cuando la voluntad del contratante se basa en una creencia inexacta sobre la sustancia del contrato.

Las entidades crediticias indujeron a los empresarios y avalistas a creer que, dadas las circunstancias excepcionales y la pandemia de Covid-19, estaban suscribiendo o respaldando préstamos respaldados en su mayoría por el ICO.

Sin embargo, con los primeros impagos, se reveló la verdadera estrategia de las entidades bancarias, que consistía en exigir a los avalistas el reembolso del 100% del préstamo impagado. Esto sugiere que los avales se otorgaron con un error en el consentimiento de los avalistas.

Por lo tanto, se ha abierto una vía legal mediante la cual los avalistas podrían liberarse total o parcialmente de los avales otorgados para los préstamos ICO. El equipo de Basilea Abogados, especialista en derecho bancario desde hace más de 15 años, podrá asesorarle y defenderle ante su entidad financiera, tanto en los procedimientos de ejecución que esta haya iniciado frente a usted como en los procesos de nulidad de los avales prestados por los fiadores solidarios.