MAPFRE CONDENADA POR AMBIGÜEDAD EN COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL EN SEGURO DE VIDA

La sentencia de la Audiencia Provincial de León, de 13 de febrero de 2026, dicta un precedente relevante en materia de seguros de vida al declarar inaplicable una cláusula ambigua que excluía la cobertura por incapacidad permanente total para profesión habitual. Este fallo revoca la decisión de primera instancia y condena a Mapfre Vida a abonar 60.000 euros, priorizando la protección del asegurado ante definiciones contractuales confusas.

Contratar un seguro de vida es un acto de previsión familiar que realizamos con la confianza de que, ante un imprevisto grave, la aseguradora cumplirá.

En octubre de 2010 la asegurada suscribió con Mapfre Vida una póliza de vida, con coberturas por fallecimiento e invalidez absoluta y permanente hasta 600.000 euros según las condiciones particulares. Una enfermedad le impidió continuar en su profesión habitual, siéndole reconocida por el INSS, en fecha 2 de noviembre de 2023, incapacidad permanente total para profesión habitual.

Notificado el siniestro conforme al artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro en la agencia mediadora, Mapfre denegó la prestación, alegando que la póliza solo cubría la invalidez absoluta y permanente, no la total, y alegó subsidiariamente dolo en el cuestionario de salud.

La asegurada presentó demanda frente a la compañía aseguradora, reclamando el pago de los 60.000 euros más intereses del artículo 20 LCS. En primera instancia, la sentencia  desestimó íntegramente la demanda, al considerar que la descripción de la cobertura en las condiciones de la póliza constituía una delimitación expresa y específica del riesgo asumido por la aseguradora (es decir, solo invalidez absoluta y permanente, no la total para profesión habitual), aceptada por la actora al firmar el contrato. 

La Audiencia Provincial lleva a cabo un examen del riesgo contratado en la póliza. Las condiciones especiales definen la invalidez absoluta y permanente como "situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad [...], determinante de la total ineptitud [...] para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional". Esta redacción diverge de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que gradúa la incapacidad en parcial, total, absoluta y gran invalidez, usando "permanente" sin conjunción "y" para los primeros grados.

Detectada la "oscuridad" e "indeterminación", el tribunal aplica el artículo 1288 del Código Civil. Es decir, en caso de duda, prevalece la interpretación más favorable al contratante débil, el asegurado. La fusión de "absoluta y permanente" en un concepto excluyente de la incapacidad total la configura como limitativa de derechos, exigiendo la aceptación expresa y destacada, omisa aquí y asimilable a cláusula sorpresiva (STS 29 de octubre de 2019).

Respecto a la posible reversibilidad de la incapacidad, Mapfre no presentó prueba suficiente pese a corresponderle esa carga. Además la sentencia recuerda que el carácter revisable de la pensión reconocida por el INSS (artículo 200 LGSS) no impide la indemnización inmediata, toda vez que la aseguradora no acreditó mediante pericial la recuperación futura del asegurado.

Esta sentencia viene a reforzar una idea ya asentada: cuando el condicionado de una póliza de seguro de vida es ambiguo, la duda ha de resolverse en perjuicio de quien la redacta y en favor del asegurado, conforme a los artículos 1288 del Código Civil y 3 de la LCS. De ahí que cláusulas como la utilizada por Mapfre, que pretenden dejar fuera la incapacidad permanente total sin una redacción clara, destacada y expresamente aceptada, no puedan desplegar eficacia limitativa.

En los litigios que están llegando a los tribunales, la declaración de incapacidad permanente total por el INSS se está tomando como punto de partida suficiente para accionar la garantía, salvo que el condicionado excluya de forma inequívoca dicha contingencia. Es la aseguradora quien debe acreditar, con apoyo pericial sólido, la eventual reversibilidad del cuadro, y no basta con invocar la simple revisabilidad administrativa de la pensión.

Desde la óptica de la práctica aseguradora, esta línea jurisprudencial obliga a revisar con detalle la coherencia entre el proyecto de seguro y la póliza finalmente emitida, y a armonizar la terminología empleada con la de la LGSS si se quiere contener la litigiosidad. Para el tomador, el mensaje es igualmente nítido: resulta imprescindible someter los condicionados a un análisis jurídico previo, porque toda zona de sombra en el contrato tiende a jugar a favor de la entidad predisponente. La resolución se integra así en una tendencia que refuerza la tutela del asegurado en un producto —el seguro de vida con cobertura de invalidez— con un impacto directo en la estabilidad económica de las familias.