En este caso, la parte perjudicada sufre daños como consecuencia de una negligencia médica por el Servicio Catalán de Salud. La Administración tenía contratado un seguro de responsabilidad civil. El perjudicado ejercita la acción directa contra la aseguradora prevista en el art. 76 LCS. El Supremo, en la Sentencia de 5 de noviembre de 2019, ECLI: ES:TS:20149:3427, desestima el Recurso de Casación planteado por el perjudicado basándose en la doctrina fijada por la Sentencia de Pleno nº 321/2019, de 5 de junio
El carácter autónomo de la acción directa y su tratamiento jurisprudencial se basan en tres principios: Autonomía de la acción, solidaridad de obligados y dependencia estructural respecto de la responsabilidad del asegurado. A partir del último principio, y con fundamento en autos de la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo y sentencia de la sala, se alcanza dos conclusiones:

1.- “La jurisdicción civil puede y debe pronunciarse prejudicialmente sobre la existencia de responsabilidad de la Administración cuando se ejercite sólo la acción directa frente a la aseguradora, por contemplarlo expresamente el art. 42 de la LEC.” Pero “solo a efectos del proceso, sin que ello suponga reconocerle competencia a la jurisdicción civil para declarar la responsabilidad de la Administración Pública asegurada.”

2.- Dicha responsabilidad debe concretarse con los parámetros propios del derecho administrativo, según establece el art. 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre Responsabilidad de Derecho Privado: “Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.”

Surge entonces la duda de si vincula a la jurisdicción civil lo resuelto por la Administración en el expediente de responsabilidad patrimonial. A esto responde diciendo que la responsabilidad/indemnización que queda firme en vía administrativa es el límite de la acción directa que el art. 76 LCS reconoce contra la aseguradora:

«la aseguradora no puede quedar obligada más allá de la obligación del asegurado así como que la jurisdicción contencioso- administrativa es la única competente para condenar a la Administración, mientras que la jurisdicción civil sólo conoce de su responsabilidad y consecuencias a efectos prejudiciales en el proceso civil, se ha de convenir que sería contrario a la legalidad que se utilizase la acción directa para impugnar el acto administrativo, que se había consentido, a los solos efectos indemnizatorios.”

Si la vía civil dejará sin efecto un acto administrativo «Se conseguiría así el reconocimiento en vía civil de una responsabilidad de la entidad aseguradora distinta cualitativa y cuantitativamente a la que con carácter firme ha sido reconocida y declarada por el órgano administrativo legalmente previsto, que ha sido consentido por los perjudicados al no acudir a la jurisdicción contencioso- administrativa, única que podría revisarla.”