GES SEGUROS CONDENADA A PAGAR 200.000€ POR SU SEGURO DE VIDA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mérida ha condenado a GES Seguros y Reaseguros, S.A. al pago íntegro del capital asegurado en un seguro de vida, 200.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas procesales, al rechazar la cláusula de exclusión por alcohol y drogas invocada por la aseguradora tras el fallecimiento del asegurado.

La resolución, contenida en la Sentencia n.º 443/2025, de 9 de diciembre, tiene un interés que va más allá del caso concreto. No solo aplica con rigor la doctrina clásica del artículo 3 LCS sobre cláusulas limitativas, sino que permite plantear una cuestión de fondo que empieza a aparecer con frecuencia en la litigación en seguros de vida: si determinadas exclusiones habituales pueden resultar no solo inoponibles, sino directamente nulas por lesivas cuando desnaturalizan el contrato.

El asegurado falleció por suicidio por ahorcamiento, constando en el informe forense una elevada tasa de alcohol y la presencia de metabolitos de cocaína. La póliza estaba en vigor, el capital asegurado era de 200.000 euros y el beneficiario era su hijo menor.

Pese a ello, GES Seguros denegó el pago del capital amparándose en una cláusula contenida en las condiciones generales, conforme a la cual quedaban excluidos los fallecimientos producidos cuando el asegurado se encontrase bajo el efecto de drogas o “bajo la influencia” de bebidas alcohólicas, remitiendo esta última expresión a tasas de alcoholemia o a la existencia de sanción o condena.

La estrategia era conocida: aceptar implícitamente que el riesgo de suicidio estaba cubierto (tal y como establece el artículo 93 LCS una vez transcurrido un año desde la contratación), pero tratar de vaciar esa cobertura a través de una exclusión accesoria, activada a posteriori sobre la base de los resultados toxicológicos.

El juzgado centra correctamente el debate en la naturaleza de la cláusula invocada. No se trata de una delimitación del riesgo asegurado, sino de una cláusula que restringe el derecho del beneficiario una vez producido el siniestro, por lo que debe calificarse como limitativa.

Desde esa premisa, la aplicación del artículo 3 LCS resulta inevitable. Las cláusulas limitativas deben aparecer destacadas de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito por el tomador del seguro. Y ese control no se satisface con fórmulas genéricas de remisión ni con afirmaciones estereotipadas de “conocimiento y aceptación”.

En el caso enjuiciado, la exclusión solo figuraba en las condiciones generales. No constaba la firma del tomador en dicho documento ni se acreditó su entrega como documento complementario suscrito. Por ello, el juzgado concluye que la cláusula no puede desplegar eficacia alguna, y estima íntegramente la demanda.

Hasta aquí, la sentencia aplica una doctrina consolidada y bien conocida. Pero detenerse solo en este plano sería quedarse a medias.

Conviene recordar un punto que con frecuencia se difumina en la práctica aseguradora. El artículo 93 LCS no trata el suicidio como una causa de exclusión general, sino exactamente al contrario: parte de su cobertura, una vez transcurrido un año desde la perfección del contrato, salvo pacto en contrario.

Esto tiene una consecuencia jurídica clara: cualquier pacto que limite o excluya la cobertura del suicidio no define el objeto del contrato, sino que restringe una cobertura que la ley presume existente. Y, precisamente por eso, el legislador exige que el tomador sea plenamente consciente de esa restricción.

La sentencia se mueve con naturalidad en este terreno. Identifica la exclusión como limitativa y comprueba que no ha sido válidamente incorporada. Con ello basta para resolver el pleito. Sin embargo, el caso permite, o incluso obliga, a formular una pregunta adicional.

La demanda formulada por Basilea Abogados planteaba expresamente una tesis subsidiaria: incluso en el supuesto de que se entendiera cumplido el artículo 3 LCS, la cláusula de exclusión por alcohol y drogas en un seguro de vida podría ser nula por lesiva, por desnaturalizar el contrato y frustrar su finalidad económica.

No se trata de una objeción retórica. El propio artículo 3 LCS contiene una prohibición material: las condiciones generales “en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados”. Es decir, la firma del tomador no convierte automáticamente en válida cualquier exclusión imaginable.

4.1. Vida no es accidentes

El primer error habitual consiste en trasladar al seguro de vida lógicas propias del seguro de accidentes. En este último, determinadas exclusiones (conducción bajo los efectos del alcohol, participación en actos temerarios,…) pueden tener una cierta coherencia actuarial, al referirse a conductas que incrementan directamente la probabilidad del siniestro.

El seguro de vida funciona sobre una realidad radicalmente distinta: la muerte como evento final, con independencia de su causa inmediata. Y aquí surge la paradoja: si el ordenamiento admite la cobertura del suicidio (un acto de voluntad extrema), resulta difícil justificar que queden excluidas otras muertes mucho más frecuentes y, en muchos casos, ajenas a cualquier decisión consciente, por el mero hecho de concurrir alcohol o determinadas sustancias.

4.2. El riesgo de vaciamiento del contrato

Una cláusula de exclusión por alcohol y drogas, formulada de manera amplia y activable por mera presencia de sustancias, puede operar en la práctica como una exclusión masiva. Basta pensar en supuestos cotidianos: un infarto tras una comida, una caída doméstica, una patología súbita, incluso el propio suicidio precedido de consumo de alcohol o medicación.

El resultado es evidente: el contrato promete un capital por fallecimiento, pero lo supedita a un análisis retrospectivo de toxicología. Ese mecanismo no delimita un riesgo excepcional; vacía de contenido la cobertura típica del seguro de vida.

Desde esta perspectiva, la cláusula no solo restringe derechos: frustra la expectativa razonable del tomador, que contrata precisamente para que sus beneficiarios perciban un capital cuando él falte.

4.3. Incoherencia con el propio sistema legal

El argumento más contundente es de coherencia interna. El sistema legal acepta que el asegurador pague cuando el fallecimiento es consecuencia de un acto deliberado y consciente (suicidio cubierto tras un año), pero permitiría negar el pago en supuestos donde la voluntad del asegurado es irrelevante o inexistente, si concurren alcohol o drogas.

Ese contraste no responde a una lógica técnica del seguro de vida, sino a una ampliación oportunista de las exclusiones, difícilmente compatible con la función económica y social del contrato. Y es precisamente esa contradicción la que permite hablar, con fundamento, de lesividad.

La sentencia resuelve el caso por la vía de la inoponibilidad, y lo hace correctamente. Pero su importancia va más allá del fallo:

• Confirma que estas exclusiones deben tratarse como cláusulas limitativas.
• Reafirma el papel del artículo 3 LCS como garantía efectiva, no meramente formal.
• Y, al no entrar en la validez material de la exclusión, deja abierta una cuestión que empieza a cobrar peso en la litigación en seguros de vida: la nulidad por lesividad de determinadas cláusulas que vacían el contrato.

Este caso muestra dos planos de defensa claramente diferenciados. El primero, ya consolidado, es el del control de incorporación y transparencia: sin aceptación expresa y válida, la cláusula no existe jurídicamente. El segundo, menos explorado pero cada vez más relevante, es el del control material: incluso aceptada, una exclusión puede ser nula si desnaturaliza el seguro de vida y frustra su finalidad.

El Derecho de seguros no se limita a preguntar si el tomador firmó. También debe preguntarse qué firmó y si aquello que firmó es compatible con la esencia del contrato y con los límites que impone la Ley de Contrato de Seguro.