El Tribunal Supremo considera que la declaración del riego regulado en el artículo 10 LCS es un deber del asegurado de contestar a lo que pregunte el asegurador, debiendo la aseguradora formular preguntas claras y definitivas sobre la salud del Asegurado que le permitan realizar una valoración correcta del riesgo asumido. Es decir, el asegurado no tiene que manifestar sus dolencias por iniciativa propia si la aseguradora no le formula una pregunta clara y definitiva sobre la misma.

Asimismo, considera que el tipo de preguntas que se formulen deben conducir a que el asegurado supiera a que antecedentes de salud que él conociera o no pudiera desconocer se referían, es decir, si las preguntas que le hicieron le permiten ser consciente de que, al no mencionar dichas dolencias, estaba ocultando intencionadamente datos relevantes para la valoración exacta del riesgo asumido por la aseguradora.

Por lo tanto, una vez producido el siniestro cubierto por la póliza, la aseguradora no puede quedar exenta de cumplir su prestación por una inexacta apreciación del riesgo que es consecuencia de su propia falta de diligencia, al presentar un cuestionario incompleto e inexacto, a la hora de contratar el seguro.