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CÓMO CANCELAR UN SEGURO DE VIDA VINCULADO A UNA HIPOTECA

Cuando necesitamos contratar un crédito hipotecario es habitual que su concesión por parte de la entidad financiera venga condicionada por la simultánea contratación de un seguro de vida vinculado a la hipoteca. La finalidad de este seguro es la de cubrir el pago de las cantidades pendientes de amortizar en caso de fallecimiento del titular. Los bancos, conocedores de no pueden imponer la contratación de estos seguros de vida para la concesión del préstamo, suelen disfrazar su contratación con supuestas bonificaciones en la cuota. Ante tales prácticas es frecuente que los clientes se pregunten si, contratada la hipoteca, pueden cancelar el seguro de vida vinculado.

Para dar respuesta a esta pregunta, acudiremos a la siguiente normativa: 

- La Directiva 2014/17/UE, de Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2016.
- La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
- El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, tiene como objeto la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, entró en vigor el 16 de junio de 2019

A este respecto, establece el art. 17, apartados 1 y 3, de la Ley 5/2019 que:

“1. Quedan prohibidas las prácticas de venta vinculada de préstamos, con las excepciones previstas en este artículo.

No obstante, la autoridad competente de conformidad con el artículo 28 podrá autorizar prácticas de ventas vinculadas concretas cuando el prestamista pueda demostrar que los productos vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en condiciones similares entre sí, que no se presenten por separado, acarrean un claro beneficio a los prestatarios, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado. A estos efectos, el Banco de España podrá establecer mediante Circular criterios para la aplicación homogénea de las prácticas relativas a las ventas vinculadas permitidas”.

Y en línea con lo anterior, la ley añade una excepción específica relativa a los seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios:

3. Como excepción a la prohibición de las prácticas de venta vinculada contenida en el apartado 1, los prestamistas o intermediarios de crédito inmobiliario podrán exigir al prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. En este caso el prestamista deberá aceptar pólizas alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción inicial como en cada una de las renovaciones. El prestamista no podrá cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el prestatario.

La aceptación por el prestamista de una póliza alternativa, distinta de la propuesta por su parte, no podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo”.

El contenido de este artículo recoge lo que ya establecía la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que en su artículo 12 permite las ventas vinculadas siempre y cuando el prestamista pueda demostrar que los productos vinculados ofrecidos no suponen un perjuicio para el consumidor, el cual que suele ser habitual cuando hablamos de seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios.  

El principal motivo de ello es que las entidades financieras suelen ofrecer a los clientes los seguros de vida que ofertan las aseguradoras pertenecientes a su mismo grupo empresarial. Esto hace que no se analicen otras pólizas alternativas que podrían ser más ventajosas para sus clientes.

En este tipo de procedimientos, en los que se insta la nulidad por abusiva de la cláusula que impone la contratación de la póliza, la clave reside en acreditar tanto que el banco no ofreció al cliente la posibilidad de suscribir el seguro con una compañía distinta, como que la suscripción de la póliza con la aseguradora ofertada por el banco supone un perjuicio para el cliente. 

Es por tanto necesario analizar la información precontractual que se suministra al cliente, las características del seguro, la duración del mismo, así como la información acerca de otras entidades con las que pudo suscribirse una póliza similar. 

A este respecto, recientemente el Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Zaragoza, en su sentencia 1710/2021, de 28 de agosto del 2021, ha estimado la demanda interpuesta por un consumidor frente a una entidad financiera al declarar nula por abusiva la cláusula que obligaba al prestatario a suscribir los seguros a través de la entidad o sociedades de su mismo grupo empresarial, y cuya contratación conllevaba la aplicación de ciertas bonificaciones en el tipo de interés a abonar. De igual modo, la sentencia obliga a la entidad bancaria a devolver a su cliente la prima única abonada, junto con los intereses cobrados por el exceso de financiación, ya que el importe de la prima, nada menos que 20.724,16 euros, se incluyó dentro del capital del préstamo a devolver.

Para que el prestatario pudiera beneficiarse de las bonificaciones, se imponía que los seguros se contratasen con una compañía determinada, lo cual suponía un incumplimiento del art. 12.4 de la Directiva, al no facilitar la suscripción de la póliza con un proveedor distinto.

Especialmente destacable en esta sentencia es el apartado en el que se indica que “si bien es cierto que en la escritura no se ha hecho constar expresamente la obligatoriedad de la suscripción de seguros con sociedades vinculadas (...)  la realidad es que ya en la oferta vinculante se condicionaba la aplicación de las bonificaciones a la contratación de los seguros a través de empresas del grupo, netamente perjudiciales para el asegurado en los términos que ya he expuesto (prima única añadida al capital del préstamo, duración de los seguros....), por lo que esta es una práctica que, a la vista del art. 82.1 de la LGCYU, interpretada conforme al art. 12 de la Directiva ya reseñada, debe ser declarada nula por abusiva”.

El banco no facilitó la suscripción de unas pólizas de seguros de un proveedor distinto de su proveedor favorito, que en este este caso era la propia aseguradora del grupo, lo cual provoca un claro perjuicio del prestatario asegurado.

Este perjuicio es evidente. Se impone al cliente la contratación de la póliza, a veinte años, con pago de prima única de forma financiada, lo que beneficia claramente a la entidad bancaria y a su grupo empresarial, pues al financiar el pago de la prima obtendrá intereses sobre la prima, garantizándose además una duración del seguro nada menos que veinte años, imposibilitando así el desistimiento del asegurado. Este hecho, unido a que el cliente acreditó que habría podido obtener condiciones mucho más ventajosas de haber contratado el seguro de vida con otras entidades, permitió al Juzgado apreciar que la vinculación contractual del préstamo hipotecario era claramente abusiva y, por lo tanto, nula.

De esta forma, el banco fue condenado a devolver por la entidad bancaria la prima única más los intereses remuneratorios percibidos, debiendo deducirse de la suma de esta cantidad la prima que se hubiera abonado de haberse concertado el seguro con las condiciones ofrecidas por la otra compañía de seguros que ofrecía condiciones más ventajosas.

En suma, lo que la normativa citada viene a establecer es que las ventas vinculadas de seguros de vida solo estarán permitidas en aquellos casos en los que se pueda acreditar que no se ha actuado en perjuicio del prestatario y contra los principios de la buena fe que prevé el art. 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, y en caso de no haberse actuado así, quedará abierta la puerta para que el cliente pueda interponer la correspondiente demanda instando la nulidad del seguro de vida vinculado.

 

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