CARENCIA SORPRESIVA DE 90 DÍAS EN EL SEGURO DE VIDA

El Tribunal Supremo ha vuelto a trazar con trazo grueso la línea que separa las cláusulas delimitadoras del riesgo de las auténticas cláusulas limitativas de derechos en el seguro de vida, y lo ha hecho en un terreno especialmente sensible: la cobertura de infarto de miocardio con un período de carencia de noventa días. La sentencia 531/2026, de 9 de abril (Roj STS 1528/2026), desestima los recursos de Vida Caixa y confirma la condena a abonar 50.000 euros al asegurado, al considerar inoponible la carencia por no cumplir los requisitos del artículo 3 de la LCS y calificarla, además, como “cláusula sorpresiva”.

El punto de partida es sencillo y, precisamente por eso, muy ilustrativo para la práctica. En septiembre de 2017, el asegurado suscribe con Vida Caixa un seguro de vida anual renovable que incluye, entre las coberturas expresamente destacadas en la página primera de las condiciones particulares, la de “INFARTO DE MIOCARDIO”, con un capital asegurado de 50.000 euros. La póliza entra en vigor el 1 de octubre y, apenas cuarenta y cinco días después, el 15 de noviembre de 2017, el tomador sufre un infarto.

Cuando reclama la prestación, la aseguradora se niega a pagar alegando que el siniestro se ha producido dentro del período de carencia de noventa días previsto para esa cobertura complementaria en la página segunda de las condiciones particulares. Esa cláusula aparece bajo el epígrafe “Coberturas complementarias”, con una frase en negrita que condiciona el pago a que el infarto sobrevenga “transcurridos más de 90 días desde la fecha de efecto de la cobertura”. Pero esa página –y las siguientes– están impresas con un tamaño de letra sensiblemente inferior al de la primera y plagadas de negritas en títulos, incompatibilidades y exclusiones, de modo que el efecto visual es el de una masa tipográfica densa donde nada destaca realmente sobre el resto.

El asegurado, que tuvo que firmar hasta siete documentos distintos en el momento de la contratación, demanda a la compañía; el Juzgado de Primera Instancia de Totana estima la demanda, declara inoponible la carencia e impone el pago del capital e intereses del artículo 20 LCS, criterio que confirmará después la Audiencia Provincial de Murcia.

En casación, Vida Caixa articula un doble ataque: por un lado, reprocha a la Audiencia una supuesta “valoración arbitraria” de la prueba documental, al afirmar que existía un abuso de la negrita que impedía diferenciar la carencia de otras estipulaciones. Por otro, sostiene que la cláusula de carencia era meramente delimitadora del riesgo, de modo que bastaba la aceptación genérica, y denuncia además la utilización analógica del artículo 73 LCS por parte del tribunal de apelación.

El Supremo comienza por rechazar el recurso extraordinario por infracción procesal, recordando su doctrina consolidada: el control sobre la valoración probatoria de la segunda instancia es excepcional y sólo procede cuando se acredita un error patente, material y evidente que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva. Al examinar la página segunda de las condiciones particulares, la Sala constata que más de la mitad de la página –en especial las cláusulas de incompatibilidades y exclusiones– aparece íntegramente destacada en negrita, lo que confirma el diagnóstico de “abuso tipográfico” realizado por la Audiencia.

A ello se suma el reducido tamaño de la letra en las páginas 2 a 5, en contraste con la claridad y amplitud de la página inicial, donde se anuncian con trazo limpio las coberturas y capitales. En ese contexto gráfico, la referencia al plazo de noventa días no queda singularizada ni resulta fácilmente perceptible para un tomador medio, lo que vacía de contenido la exigencia legal de un “destacado de modo especial” de las cláusulas limitativas.

El núcleo dogmático de la sentencia se sitúa, como es habitual, en la distinción entre cláusulas delimitadoras del riesgo y cláusulas limitativas de derechos del asegurado. El Tribunal recuerda su jurisprudencia, en particular la STS 1321/2023, que ya había calificado como limitativa una cláusula de carencia de un año para el fallecimiento por cáncer en un seguro de vida cuando la enfermedad era diagnosticada antes de transcurrir dicho plazo.

Las cláusulas delimitadoras definen el objeto del contrato: concretan qué riesgos están cubiertos, con qué cuantía, en qué ámbito temporal y territorial; si el siniestro se produce fuera de esa delimitación, simplemente no nace el derecho a la prestación. Las cláusulas limitativas, en cambio, operan una vez producido el riesgo asegurado y actúan para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización, “empeorando su situación negocial”, en la conocida expresión de la STS 953/2006. 

Para trazar la frontera entre unas y otras, la Sala se apoya de nuevo en el criterio del “contenido típico o natural del contrato”: es limitativa aquella estipulación que se aparta de lo que un tomador razonable puede esperar, atendiendo a la ley y a la práctica aseguradora, hasta el punto de convertirse en una cláusula sorpresiva.

Aplicando esos criterios, el Supremo afirma que, en un seguro de vida de duración anual, cuyo cuadro de garantías anuncia expresamente la cobertura de infarto de miocardio desde el inicio, el “contenido ordinario” del contrato es que todos los riesgos claramente identificados queden cubiertos durante todo el periodo de vigencia. Introducir, en una página posterior y en letra pequeña, una carencia de noventa días precisamente para uno de esos riesgos principales, implica recortar una expectativa razonable generada por la propia póliza.

Por eso la Sala califica la carencia como cláusula sorpresiva: no se trata de una mera precisión del objeto asegurado, sino de una verdadera restricción temporal de la cobertura de un riesgo que la póliza presenta en la primera página como garantizado sin matices. Y, siendo limitativa, le son plenamente aplicables los requisitos formales del artículo 3 LCS: destacado especial y aceptación específica por escrito, requisitos que –se subraya– deben concurrir conjuntamente y no pueden suplirse mediante fórmulas genéricas.

En el caso concreto, la referencia a la carencia aparece disuelta entre múltiples textos igualmente resaltados en negrita, lo que impide su singularización visual y frustra el objetivo de llamar la atención del tomador sobre una restricción especialmente gravosa. Por otra parte, las firmas del asegurado se sitúan tres páginas más allá, en recuadros que aluden de manera genérica a la recepción de documentación, a la aceptación de determinadas cláusulas destacadas y a la domiciliación bancaria, pero sin vincular de forma inequívoca una firma concreta a la cláusula de carencia de noventa días.

A ello se añade un elemento sociológico nada menor: el tomador hubo de firmar siete documentos, en un contexto de confianza con el empleado de la entidad, lo que acentúa la sensación de firma indiscriminada y refuerza la necesidad de un verdadero plus informativo cuando se introducen cláusulas que recortan de manera relevante la cobertura anunciada.

Una vez calificada la carencia como cláusula limitativa, el desenlace jurídico es claro: al no cumplirse ni el requisito de destacado especial ni el de aceptación específica, la cláusula es inoponible al asegurado. Ello conduce a que el siniestro –el infarto sufrido a los cuarenta y cinco días– quede cubierto y a que la aseguradora deba abonar el capital asegurado con los intereses moratorios del artículo 20 LCS desde la fecha del siniestro, sin que se aprecie causa que justifique su exoneración.

La compañía intenta apoyarse también en que la Audiencia habría aplicado analógicamente el artículo 73 LCS, relativo a las cláusulas de delimitación temporal en el seguro de responsabilidad civil, pero el Supremo desactiva este argumento por una doble vía. Por un lado, considera que la referencia al artículo 73 LCS en la sentencia de apelación es un mero obiter dicta, un refuerzo argumental que no forma parte de la ratio decidendi. Por otro, recuerda el principio de “equivalencia de resultados” o falta de efecto útil: aun admitiendo que no procediera tal analogía, ello no alteraría el fallo, porque la calificación como cláusula limitativa se sostiene sobradamente en la doctrina específica sobre el seguro de vida y el criterio del contenido natural del contrato.

También en materia de infracción procesal el Tribunal reitera su doctrina sobre el carácter tasado y excepcional de este recurso: la discrepancia con la valoración probatoria de la Audiencia –en este caso, sobre el supuesto “buen uso” de la negrita– no basta para abrir una tercera instancia, mientras no pueda demostrarse un error fáctico patente, evidente y verificable, lo que aquí no concurría.

Desde la óptica del asegurado, la sentencia confirma una línea protectora ya consolidada: cuando la póliza anuncia de forma destacada una cobertura –y más si se trata de riesgos graves como el infarto de miocardio– no puede recortarse mediante períodos de carencia escondidos en la letra pequeña sin cumplir escrupulosamente las exigencias del artículo 3 LCS. La calificación de estas carencias como cláusulas sorpresivas refuerza la idea de que el tomador tiene derecho a confiar en el contenido natural del contrato que se le presenta, sin trampas tipográficas ni laberintos de firmas.

Para las entidades aseguradoras, el mensaje es igual de nítido: el uso indiscriminado de la negrita, la reducción extrema del tamaño de la letra o la acumulación de aceptaciones genéricas no sólo no fortalecen la oponibilidad de las cláusulas, sino que pueden volverse en su contra. Si una cláusula recorta la cobertura que la propia póliza exhibe como principal, hay que asumir la lógica del artículo 3 LCS: auténtico destacado, explicación clara y firma específica que permita reconstruir, a posteriori, un consentimiento informado y singularizado.

En el plano técnico, la sentencia 531/2026 se sitúa en la continuidad de la doctrina de la Sala Primera sobre contenido natural del contrato y cláusula sorpresiva, y consolida una línea particularmente relevante para el seguro de vida y las coberturas complementarias de enfermedades graves. No es exagerado afirmar que, a partir de ahora, cualquier período de carencia que afecte a un riesgo expresamente resaltado en la primera página de la póliza se enfrentará a un severo escrutinio bajo la categoría de cláusula limitativa de derechos.