El pasado día 13 de febrero de 2023, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares concluyó que el despido disciplinario de un trabajador era improcedente debido a la falta de cumplimiento del requisito de audiencia previa estipulado en el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT. Este pronunciamiento judicial ha suscitado diversas en varios Tribunales Superiores de Justicia, pues de acogerse tal criterio podríamos afirmar sin temor a exagerar que la práctica totalidad de los despidos que se practican en nuestro país son improcedentes, ya que salvo en los casos de los representantes de los trabajadores casi ningún trabajador disfruta del derecho de audiencia previa al cese.

A través de una muy comentada (y también criticada) sentencia del pasado 17 de febrero de 2023, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por una cadena de supermercados contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que había confirmado la improcedencia del despido practicado a una trabajadora a la que se le acusaba de haber sustraído unos objetos de la tiene por valor de 5,52 euros.

La Sala 6ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de sentencia del pasado día 12 de octubre (asunto C-57/22), ha dado respuesta a la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de la República Checa.

Aunque es ilegal despedir a un trabajador sin una carta de despido, algunas empresas lo hacen como práctica habitual. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos en baja médica y la  Seguridad Social nos informa a través de un mensaje de texto que la empresa nos ha dado de baja. También puede ocurrir si se nos niega la reincorporación en trabajos temporales (como en el caso de contratos fijos-discontinuos). Existen numerosas situaciones en las que es crucial estar atento al Informe de vida laboral para mantener el control en estas circunstancias. Este tipo de despido se conoce como "despido tácito".

La Sentencia del Tribunal Supremo del 5 de julio de 2023 (recurso 105/2022) ha declarado que la notificación a la Representación Legal de los Trabajadores sobre la terminación de un contrato por despido objetivo, realizada cuatro días después de la notificación al trabajador, no menoscaba los derechos de la RLT ni los de la persona trabajadora afectada.

Los servicios jurídicos de Basilea Abogados han obtenido una reciente sentencia, dictada por el Juzgado Social 32 de Madrid, de fecha 4 de septiembre de 2023, que condena a la compañía Securitas Direct España, S.A., declarando improcedente el despido que sufrió el trabajador. Este había sido despedido por ir a trabajar a una empresa de la competencia, tras solicitar una excedencia de un año para cuidado de hijos.

El art. 35 del Estatuto de los Trabajadores permite la distribución del tiempo de trabajo mediante convenio colectivo o contrato de trabajo. En este contexto, las horas que rebasan la jornada máxima semanal pero no superan la jornada ordinaria anual o de ciclos inferiores en la distribución semanal pactada no se consideran horas extraordinarias...

El art. 53.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores establece las formalidades o requisitos que han de respetarse por la empresa a la hora de proceder a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.

En este artículo vamos a tratar de resolver una cuestión habitual que nos plantean los trabajadores que, ante el impago de su salario por parte de la empresa, deciden presentar una demanda de resolución contractual con el derecho a percibir la indemnización correspondiente al despido improcedente. Estos trabajadores siempre se preguntan si es posible presentar esta demanda y a su vez causar baja voluntaria en la empresa al no estar percibiendo el salario por el trabajo que están ejerciendo.

En los procedimientos judiciales laborales en los que una empresa en quiebra no comparezca, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) puede ejercer el derecho de opción instando el pago de la indemnización a favor del trabajador al tratarse del responsable subsidiario de las prestaciones de garantía salarial en los casos de insolvencia empresarial.