En los juzgados, los accidentes de trabajo llegan como ráfagas de pólvora. La rutina diaria de una obra, de una fábrica o de un taller se convierte, de pronto, en un escenario de tragedia: un andamio que cede, una máquina que atrapa una mano, un techo que se desploma. Y tras el silencio inicial, empieza la batalla de los abogados, los informes periciales, los seguros que intentan zafarse y las familias que reclaman justicia.

El seguro de vida constituye uno de los instrumentos más relevantes de protección patrimonial y familiar dentro del mercado asegurador. La expectativa legítima del asegurado y de sus beneficiarios es que, llegado el siniestro, la entidad aseguradora cumplirá las prestaciones pactadas con celeridad y diligencia. Sin embargo, no son infrecuentes los supuestos en los que las compañías niegan el pago alegando exclusiones o interpretaciones restrictivas del contrato.

La sentencia 562/2025 de 13 de mayo del Tribunal Supremo ha puesto fin a un debate recurrente en la práctica jurídica de la responsabilidad patrimonial sanitaria, estableciendo con rotundidad que las diligencias preliminares civiles para obtener información sobre pólizas de seguro no interrumpen el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas.

La reciente reforma del recurso de casación civil, operada por el Real Decreto-ley 5/2023 y consolidada en los primeros compases de aplicación práctica, ha supuesto un giro de calado en la arquitectura del proceso civil español. El interés casacional emerge ahora como el criterio axial que determina el acceso al Tribunal Supremo, desplazando la tradicional vía de la cuantía y unificando en un solo cauce la impugnación de infracciones tanto sustantivas como procesales.

El deber de declaración del riesgo es uno de los pilares fundamentales de la contratación de seguros de vida. Su función es permitir a la aseguradora conocer las circunstancias relevantes del riesgo que asume, especialmente aquellas vinculadas a la salud del asegurado, para decidir si acepta o no la cobertura y en qué condiciones.

La custodia compartida es un régimen de guarda y custodia que establece que ambos progenitores comparten la responsabilidad y el cuidado de los hijos tras una separación o divorcio. Este modelo implica que tanto el padre como la madre participan de manera equitativa en la educación, crianza y convivencia habitual con los hijos menores, ejerciendo la custodia en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y obligaciones.

En el ejercicio de la abogacía, una de las consultas más recurrentes de nuestros clientes es la relativa a los plazos con los que juegan las compañías de seguros. Tras la ocurrencia de un siniestro, ya sea un accidente de tráfico, un daño en el hogar o una contingencia cubierta por una póliza de vida, surge una pregunta clave: ¿cuánto tiempo tiene la aseguradora para responder a mi reclamación? La sensación de incertidumbre y, en ocasiones, de desamparo, es una constante para muchos asegurados que esperan una respuesta que no siempre llega en el tiempo y la forma esperados.

La Sentencia núm. 571/2025, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en fecha 9 de abril de 2025, representa un hito en la jurisprudencia española en materia de responsabilidad de las entidades bancarias frente a operaciones no autorizadas derivadas de fraudes digitales, particularmente en los supuestos de phishing y SIM swapping. El pronunciamiento unifica criterios dispares mantenidos hasta ahora por distintas audiencias provinciales y ofrece una doctrina clara sobre los estándares de diligencia exigibles a los bancos en este contexto.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, introduce cambios relevantes para modernizar la Justicia en España y hacerla más eficiente. Esta norma, publicada en el BOE el 3 de enero de 2025, se estructura en dos grandes bloques: uno organizativo, ya en vigor, y otro procesal, que entrará en vigor el 3 de abril de 2025. A continuación, analizamos sus principales novedades y cómo pueden afectar a profesionales y ciudadanos, con especial atención al ámbito civil y al sector asegurador.

La atribución del uso de la vivienda familiar es una de las cuestiones más relevantes en los procesos de separación y divorcio, especialmente cuando hay hijos en situación de discapacidad. La regulación legal y la jurisprudencia han evolucionado para equilibrar la protección de las personas más vulnerables con el respeto a los derechos de propiedad.