A través de sentencia del pasado 8 de marzo de 2018, el Juzgado de primera Instancia nº 1 de Majadahonda (Madrid), estima íntegramente la demanda interpuesta por Basilea Abogados frente a Caser Seguros, compañía que aseguraba la responsabilidad civil de un abogado, declarando la responsabilidad del letrado por no acudir a la vista del procedimiento contencioso-administrativo que debía resolver la demanda interpuesta por este letrado frente a la resolución dictada por la Delegación del Gobierno, por la que se denegaba la renovación del permiso de trabajo y residencia de su cliente.

La Delegación del Gobierno había denegado la renovación de la autorización de trabajo y residencia por la existencia de antecedentes policiales por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, considerando que la existencia de estos antecedentes policiales impedían conceder al solicitante la renovación de su permiso de trabajo y de residencia, en aplicación del Reglamento de ejecución de LO 4/2000, de 121 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Con la finalidad de poder impugnar esta resolución ante los Juzgados, nuestro cliente contrató los servicios profesionales del letrado especialista en Derecho de Extranjería, quien presentó la oportuna demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Mientras se sustanciaba el procedimiento contencioso-administrativo, el cliente interpuso recurso de apelación frente a la sentencia que le había condenado por el delito de malos tratos, consiguiendo que la Audiencia Provincial de Madrid estimase íntegramente su recurso y le declarara inocente de este delito.

Por tanto, dado que la razón por la que la Delegación del Gobierno había denegado la solicitud de renovación del permiso de trabajo y residencia era, exclusivamente, la existencia de esta causa penal, el letrado que se encargaba del recurso contencioso-administrativo tan sólo debía aportar copia de la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Madrid para conseguir, con una amplia probabilidad, la revocación del permiso.  

Sin embargo, por un error involuntario del letrado, éste no se percató de la citación a la vista, que había recibido por correo certificado en su despacho por parte del Juzgado de lo contencioso-administrativo, por lo que no acudió a la misma. Su inasistencia motivó que el Juzgado dictara Auto de archivo por el que tenía por desistido al cliente de su recurso, confirmando por tanto la resolución denegatoria de la Delegación del Gobierno. A partir de ese momento, nuestro cliente pasaba a ser un inmigrante ilegal, perdiendo todos los derechos que había adquirido tras casi diez años de trabajo y residencia en España.

Tras la vista celebrada el pasado 2 de marzo de 2018, la sentencia concluye que nos encontramos ante un caso de negligencia profesional del letrado, afirmando que en el juicio de probabilidad que se impone sobre el pronóstico de prosperidad de la acción en el caso de no haber mediado la negligencia “resulta palmaria la alta probabilidad de que la resolución en el procedimiento contencioso administrativo hubiera sido conforme a los intereses del demandante”.

Por lo que se refiere a la cuantificación del perjuicio, la sentencia hace un profundo recurrido de la última jurisprudencia que ha abordado el daño moral, concluyendo que los daños morales que se solicitan en nuestra demanda son proporcionados al daño sufrido por nuestro cliente, pues la ausencia del reconocimiento del derecho que se pretendía en el pleito contencioso supuso la privación, “durante un largo periodo de tiempo del derecho de residencia, con los graves inconvenientes que se exponen en la demanda como las dificultades para deambular por el territorio nacional y para salir de él o al menos para salir con cierto grado de seguridad de que no habría impedimentos para volver, para obtener trabajo, con todos los derechos inherentes al puesto de trabajo y a la consolidación de derechos laborales y prestacionales, así como para obtener la nacionalidad si ese fuera su interés”.

Con esta sentencia, la aseguradora CASER y su asegurado tendrán que responder de los 25.000 euros objeto de condena, debiendo abonar además la citada compañía los intereses punitivos del art. 20 LCS calculados desde la fecha del siniestro.