La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado, en una reciente sentencia del pasado 10 de mayo de 2018, sobre la posibilidad de que una persona, actuando en representación de otra gracias a un poder notarial, pueda suscribir un seguro de vida en nombre del representado. La sentencia aborda en concreto el carácter personalísimo de las respuestas ofrecidas en el cuestionario de salud, documento siempre necesario para que las compañías de seguros lleven a cabo una adecuada valoración del riesgo.

La sentencia resuelve un supuesto en que una mujer otorgó un poder de representación general a favor de su hermana para autorizarla a “contratar seguros” y todos los documentos que fueran necesarios para ello. Con este poder la hermana contrató un seguro de vida en nombre de la otorgante, firmando también en su lugar el cuestionario de salud.

A la hora de resolver el recurso, la Sala admite la existencia de interés casacional toda vez que existían criterios disparares entre las Audiencias Provinciales a la hora de considerar válido o no el cuestionario de salud cumplimentado a través de un apoderado.

Tras analizar las diferentes interpretaciones que sobre este extremo se vienen haciendo del art. 10 de la Ley de Contrato de Seguro, la sentencia concluye que un mandatario sí podrá vincular a su mandante frente a la aseguradora en la contratación de una póliza de seguro, pues el art. art. 1727 del Código Civil así se lo permite. Sin embargo, la cumplimentación del cuestionario de salud siempre exigirá una actuación personal del propio asegurado, ya que los datos de salud no solamente son privados sino que, además, gozan de la condición de datos de carácter personal especialmente protegidos según el  art. 7.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por tanto, y en consecuencia, la Sala concluye que la cumplimentación del cuestionario de salud para la valoración del riesgo en un seguro de vida es un acto personalísimo del asegurado.

Esta sentencia comparte el criterio de las dos sentencias que previamente habían desestimado la demanda interpuesta por la beneficiaria del seguro, asegurando que en este caso además existió dolo en la contratación al no haber declarado correctamente el riesgo. La sentencia considera que “asegurada y apoderada se concertaron para ocultar el riesgo a la entidad”, pues ambas convivían en el mismo domicilio, lo que permitía a la mandataria conocer y detallar las enfermedades y los padecimientos que sufría su hermana.

Con esta sentencia la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se inclina por compartir el criterio que, frente a otras Audiencias Provinciales, venía manteniendo la de Islas Baleares, la cual considera que la cumplimentación del cuestionario de salud es un acto que sólo le incumbe al propio asegurado ya que a un tercero nunca se le podrá exigir conocer todas las enfermedades o patologías que afectan a otra persona, por muy cercana que sea del asegurado.

Vicente Rodrigo Díaz

Socio de Basilea Abogados

Artículo original publicado en el número #240 de la Revista Aseguranza