Clara Ruiz, asesora en Derecho Fiscal

Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017, en la que se declara la nulidad parcial del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, han sido muchos los ciudadanos que han iniciado los trámites para recuperar los importes ya pagados por este impuesto, encontrándose en muchos casos con la negativa por parte de los ayuntamientos de devolverles su dinero.

La plusvalía municipal es un impuesto pagado a los Ayuntamientos que se genera cuando se produce la transmisión de un terreno de naturaleza urbana, momento en el que la ley considera que se produce un incremento en el valor de dicho terreno. El problema que se ha suscitado con la bajada de los precios en el mercado inmobiliario es que, a efectos del impuesto, la revalorización del terreno se producía automáticamente con la transmisión, independientemente de que el terreno hubiera ganado o perdido valor.

La sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017 ha declarado nulo parte de los artículos 107 y 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, más concretamente considera que este impuesto no es inconstitucional en términos generales, lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, es decir, en los casos en los que no se presenta un incremento del valor del terreno en el momento de la transmisión.

Ante esta situación, ¿cuándo se puede reclamar? La declaración de nulidad en estos casos abre las puertas a la reclamación de la devolución de las cantidades pagadas por este impuesto en las situaciones en las que los terrenos no hayan sufrido un aumento de valor siempre que no hayan prescrito, es decir, si no han pasado cuatro años desde que se pagó. Se considera que no existe incremento del valor del terreno cuando el valor de transmisión es inferior al valor de adquisición, encontrándonos ante una situación de venta del inmueble en pérdidas.

Se considera que no existe incremento del valor del terreno cuando el valor de transmisión es inferior al valor de adquisición.

Otro aspecto importante a analizar es saber si el Ayuntamiento competente para exigir el impuesto utilizaba el sistema de liquidación o el de autoliquidación en el momento de la transmisión inmobiliaria, ya que el procedimiento a seguir será diferente en un caso u otro.

Si se presentó ante la autoridad tributaria el impuesto calculado por el contribuyente nos encontramos ante un sistema de autoliquidación, el cual permite reclamar el impuesto -a través de una solicitud de rectificación con solicitud de impuestos indebidos- en el plazo de cuatro años.

Si por el contrario se informó al correspondiente Ayuntamiento de la transmisión del inmueble, y se entregó al mismo la documentación necesaria para que fuera la autoridad competente quien realizara el cálculo de la plusvalía, nos encontramos ante un sistema de liquidación. En este caso nos encontramos ante un plazo ordinario de un mes para interponer el Recurso de Reposición reclamando las cantidades pagadas de más.

No poder reclamar la devolución de la plusvalía pagada en los casos de liquidaciones en las que ya ha pasado el plazo de un mes produciría indefensión para el contribuyente, por lo que en estos casos habrá que utilizar uno de los procedimientos especiales de revisión previstos en la Ley General Tributaria. La dificultad en este caso es que mediante la solicitud correspondiente no se inicia el procedimiento, es la Administración quien decidirá considerar o no la solicitud para comenzar dichos procedimientos especiales.

En cualquiera de las tres situaciones anteriores ante la que nos encontremos, si el Ayuntamiento competente no está de acuerdo con la reclamación, debemos agotar la vía administrativa reclamando a los Tribunales Económico-Administrativos, y si estos tampoco resuelven a favor de devolver las cantidades pagadas en concepto de plusvalía no quedará como última opción interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.