Los miles los afectados por la incorrecta comercialización de este producto financiero siguen a la espera de la decisión que apruebe el fondo europeo. La incertidumbre respecto a las cuales van a ser acciones de gestión diseñadas por las entidades financieras (o en otras palabras, cuáles serán las posibles soluciones que se vayan a ofrecer finalmente a los clientes), unido a una divulgación de información no siempre acertada, está generando una gran preocupación en los afectados de las participaciones de preferentes emitidas por Bankia. Por ello, hemos creído necesario dedicar unas líneas a explicar cuál es el panorama actual en el que se mueven las participaciones preferentes, haciendo especial hincapié en las vías para conseguir una restitución del capital invertido en este activo financiero.

Este clima de agitación se ha visto acrecentado por la aprobación el pasado 31 de agosto del Real Decreto-ley 24/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en cuyo artículo 41 se trazan las bases sobre las que se desarrollarán las futuras “soluciones” que serán impuestas a los afectados. El artículo 41 del citado Real Decreto-ley establece que el FROB podrá imponer a las entidades inmersas en procesos de resolución o reestructuración -como es el caso de Bankia-, con carácter de acto administrativo la obligación de la entidad de recomprar las participaciones preferentes de sus afectados, obligando por tanto a éstos a venderlas, conforme al precio que determine en su momento el propio FROB y que en ningún caso podrá superar el de mercado, lo cual conllevará en la práctica que los afectados que no decidan iniciar acciones legales contra Bankia solicitando la nulidad de sus participaciones preferentes tendrán que asumir pérdidas de más del sesenta por ciento.

Antes de entrar a analizar lo que realmente se ha querido regular con este precepto del Real Decreto-Ley, consideramos necesario a efectos didácticos, distinguir entre las participaciones preferentes emitidas por entidades financieras que han sido intervenidas de aquellas participaciones emitidas por entidades no intervenidas, esto es, es preciso distinguir entidades como Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa, de otras entidades más solventes que no han recibido dinero público. Tras la aprobación del Real Decreto-Ley comenzaron a saltar las alarmas fruto de la circulación de una información incorrecta que interpretaba que tras el Real Decreto-ley los afectados por las participaciones preferentes no podrían reclamar frente a las entidades intervenidas. No obstante, dicha interpretación es totalmente errónea dado que estos clientes sí que podrán iniciar acciones judiciales frente a la entidad solicitando la nulidad del contrato. Lo que recoge este Real Decreto-ley, que en nada afecta a las vías de reclamación de los afectados, es el procedimiento a seguir una vez que el FROB se pronuncie sobre la obligatoriedad de vender las participaciones preferentes a precio de mercado, dado que al tratarse estas decisiones de un acto administrativo, la competencia para el conocimiento de dichos procedimientos es la sala contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Ejemplos como este son los que nos llevan, una vez más, a insistir en la absoluta necesidad de consultar con un profesional experto en derecho bancario todas aquellas dudas que les puedan surgir al respecto, a fin de evitar que los afectados puedan verse gravemente perjudicados por este tipo de información errónea. Consideramos por ello absolutamente necesario que los clientes afectados estén debidamente informados y asesorados de cara al inicio de acciones judiciales con las que lograr la restitución integra de su dinero. Se puede y debe luchar, y sabemos que lo podemos lograr.