El Seguro de Defensa Jurídica, regulado en los arts. 76 y siguientes de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, dada su complejidad y deficiente regulación, sigue dando lugar a múltiples discusiones doctrinales y jurisprudenciales. El objeto del presente artículo es poner luz sobre un aspecto que sigue ocasionando notables perjuicios para los titulares de las pólizas, que se ven obligados a adelantar el importe de los honorarios profesionales del Letrado y Procurador libremente designados.

El art. 76 a) LCS prevé que la aseguradora correrá con “…los gastos en que pueda incurrir el asegurado”. La duda surge por tanto si el asegurado está legitimado a reclamar a la aseguradora dichos “gastos”, si previamente no los ha liquidado, o por contrario sólo lo está de justificar el pago de dichos gastos al profesional.

Ante la duda planteada, entendemos que debe aplicarse el principio Pro-Asegurado, interpretando ese artículo 76 a) bajo una acepción amplia, y por tanto no exigir que el asegurado deba soportar de forma necesaria y previa, el coste, para estar legitimado en la reclamación a la entidad. Máxime cuando en este seguro no es preciso que se produzca una disminución en el patrimonio del deudor para que nazca la cobertura, sino que es suficiente con una simple previsión de que se produzca tal disminución. Se contempla pues al asegurado como sujeto del derecho a la tutela jurídica, y no como titular de un patrimonio. Exigir que adelante dichos gastos, cuando en ocasiones supone fuertes sumas de dinero, resulta desproporcionado y contrario al principio “pro asegurado”. En el supuesto de que el asegurado reclamase a la aseguradora sin previo pago, debiera ser suficiente con acreditar la obligación o deuda en el patrimonio del asegurado.

Estrechamente relacionado con lo anterior, encontramos la problemática relativa a de si abogado/procurador designado por el asegurado está legitimado para reclamar directamente a la aseguradora, el cobro de sus honorarios o derechos, si bien esta cuestión es más pacífica desde un punto de vista jurisprudencial.

En la práctica el abogado de libre designación reclama directamente a la entidad, con quien en realidad no tiene vínculo contractual u obligacional alguno. La operativa desde la perspectiva del pagador (asegurador), resulta amparada por el artículo 1.158 del Código Civil, que permite el pago por cuenta de otro.

Más discutible es legitimar al abogado para dicha reclamación, como ha quedado acreditado. La dispar jurisprudencia relativa al supuesto que nos ocupa, la legitimación activa para reclamar costes, ocasiona en la práctica desconcierto, máxime cuando el asegurado puede llegar a sufrir la pérdida de derecho al reembolso por decisión judicial. Por esta razón, la norma de actuación en Basilea Abogados es dirigirnos a la compañía aseguradora de nuestro cliente en cuanto recibimos el encargo del asunto, reclamando en su nombre el inmediato abono de nuestros honorarios y de los del Procurador, evitando con ello que el cliente deba adelantar ninguna cantidad por este concepto.