La recién estrenada Reforma Laboral comienza a suscitar las primeras dudas respecto a su aplicación, dando origen a la que sin duda será objeto de una extensa y controvertida jurisprudencia. Los primeros pronunciamientos judiciales han llevado a Sus Señorías a pronunciarse sobre la retroactividad de la norma y, más concretamente, sobre si los despidos anteriores a la Reforma tienen o no derecho a salarios de tramitación.

De todos es sabido que, como regla general, el artículo 2.3 del Código Civil establece que «las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario», del mismo modo que el art. 9.3 de la Constitución Española proclama la irretroactividad en relación con las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Dichas afirmaciones, lejos de tratarse de meros pronunciamientos baladí, se asentaban sobre los principios de certeza y seguridad jurídica, tal y como quisieron constatar tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo en multitud de sentencias en las negaban la retroactividad de aquellas disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.

Los altos tribunales admiten la aplicación retroactiva de las normas a hechos, actos o relaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior, siempre que los efectos jurídicos de tales actos no se hayan consumado o agotado y siempre que no se perjudiquen derechos consolidados o situaciones beneficiosas para los particulares. Sólo en estos casos la nueva ley que sí tendrá efectos retroactivos, siendo por tanto de aplicación a situaciones existentes con anterior de su entrada en vigor.

De este modo, y tan sólo 10 días desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el TSJ del País Vasco se pronunciaba sobre esta cuestión apostando por la irretroactividad de la reforma con base en el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables y de las restrictivas de derechos individuales que garantiza el art. 9.3 de la Constitución antes citado., admitiendo que los despidos anteriores a la reforma tienen salarios de tramitación.

Contradecía con ello la tesis manifestada en la Sentencia del Juzgado de lo Social 2 de León de 20 de febrero de 2012, según la cual se mantendrán las calificaciones efectuadas al amparo de la anterior normativa, pero poniendo el acento interpretativo en la aplicación de la normativa sustantiva vigente en el momento de la calificación del despido por el juzgador. Desde este punto de vista los despidos anteriores a la Reforma no tendrían derecho a salarios de tramitación.
Por su parte el Juzgado de lo Social Pamplona/Iruña 3, de 22 de marzo de 2012 se pronunciaba sobre el régimen jurídico determinante de la cuantía indemnizatoria a que tienen derecho los demandantes por resolución contractual, afirmando que le es plenamente de aplicación la normativa modificada por el Real Decreto Ley 3/212, calificando la Reforma Laboral como “legislación de excepción”.
En este sentido, debemos recordar que el doble tramo indemnizatorio a que refiere la Disposición Transitoria V, apartado II, del Real Decreto Ley 3/2012, no implica modificación alguna en aplicación de la tradicional regla de prorratear por meses los periodos de prestaciones de servicios por tiempo inferiores al año. Pero, debemos resolver qué fórmula de cálculo es la aplicable, así como a qué tramo de los dos que integran el periodo de prestación de servicios se aplica el prorrateo por meses de los días sobrantes, es decir, de los días que no llegan a completar un mes entero. O dicho de otra manera, debe determinarse si la regla de prorratear por meses los periodos de tiempo inferiores al año, para los restos computables, es de aplicación a los dos tramos que resultan de la norma comentada (el anterior al 12-2-2012 y el transcurrido con posterioridad a dicha fecha), o si sólo es aplicable a uno de los tramos.
A fin de evitar supuestos de doble cómputo de meses, debe afirmarse que la postura más correcta es la de realizar el cálculo prorrateando por meses los periodos inferiores al año únicamente en uno de los dos tramos computables y, en concreto, en el tramo final que se corresponde con la fecha extintiva del contrato.