El pasado día 21 de enero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó un comunicado en el que anunciaba que este organismo está llevando a cabo un proceso integral de revisión de sus procedimientos internos con la finalidad a dotar su actuación de supervisión de los mercados financieros de la máxima eficacia y eficiencia, para el mejor cumplimiento de sus fines.

Lo que la CNMV viene a comunicar en realidad es que esta eficacia y eficiencia pasa por cumplir con lo ordenado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 21 de julio de 2009, así como con los extremos contenidos en el reciente Auto de la Audiencia Nacional de 20 de diciembre de 2013. En estas resoluciones se insta a la CNMV a publicar de manera inmediata las sanciones que este organismo imponga a los agentes que intervienen en los mercados de valores, en el mismo momento en el que las sanciones adquieran firmeza en vía administrativa, sin necesidad de esperar –como venía haciendo hasta ahora– a que se resuelva el recurso que el sancionado pueda presentar ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Tribunal Supremo considera errónea la doctrina sentada en la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 28 de diciembre de 2007, que descansa en el principio general de irretroactividad que rige en el ordenamiento jurídico español, y que estima que es improcedente la publicación de las sanciones impuestas por la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 29 de junio de 2005, debido a que los hechos imputados ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que intercala un párrafo a continuación del párrafo e) del artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores , con el siguiente contenido «las sanciones por infracción grave serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado una vez sean firmes en la vía administrativa». En efecto, entendemos que dicha interpretación jurídica, que sostiene la sentencia recurrida, restrictiva de la divulgación y difusión de las actuaciones relevantes en materia sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, órgano regulador, supervisor e inspector de los mercados de valores, no tiene fundamento ni en el artículo 9.3 de la Constitución, en razón de la naturaleza no sancionadora ni restrictiva de derechos individuales de la disposición analizada, que se justifica por motivos de tutela jurídica de intereses públicos vinculados con el deber de información, con la finalidad de preservar los principios de transparencia y publicidad de la actividad financiera, con el objetivo de promover y reforzar la confianza de los operadores económicos y los inversores, ni en el invocado principio general de irretroactividad de las normas, pues no es acorde con lo dispuesto en el artículo 2.3 del Código Civil.

Por ello, el Tribunal Supremo considera acertada, razonable y equilibrada la aplicación de la cláusula de publicación de las sanciones por infracciones graves en el Boletín Oficial del Estado una vez sean firmes en vía administrativa contemplada en el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores, en la redacción debida a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, a aquellas resoluciones sancionadoras adoptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la entrada en vigor de la referida reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, puesto que no contradice el principio de tempus regit actum, ya que se trata de un supuesto de retroactividad impropia, o de mera retrospección o de retroconexión, en la medida en que incide en situaciones jurídicas infractoras no sancionadas, y por ello actuales, no concluidas, ni consumadas ni agotadas, sometidas al Derecho público, que resulta justificada por ser conforme a los imperativos y postulados de publicidad que rige el Derecho bursátil, y por satisfacer las exigencias del principio de seguridad jurídica, que no se incardina en el ámbito prohibido de la retroactividad de la norma sancionadora no favorable o in malam partem, que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución, al no poder equipararse el reforzamiento de la difusión de la actividad inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la idea de sanción, pues tiene un fundamento autónomo en la obligación de información que compete a este órgano regulador.

El Alto Tribunal también recuerda que esta aplicación retroactiva de la cláusula de publicidad establecida en el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores no es contraria al principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE), pues, aunque pueda considerarse en abstracto que tiene un componente aflictivo o de gravamen, la prohibición de la retroactividad que se impone al legislador y a los tribunales de justicia no comprende todos los derechos, ni siquiera los derechos adquiridos, sino que se refiere únicamente a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas o en la esfera general de protección de la persona y a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio de la persona, en virtud de relaciones consagradas y situaciones agotadas, y no a los pendientes, futuros, condicionados o consistentes en expectativas.

Desde Basilea Abogados aplaudimos este nuevo avance en la protección de los inversores, que si bien no se ha producido como hemos visto de una manera voluntaria por parte de la CNMV, servirá para conocer qué agentes intervinientes en el mercado de valores merecen gozar de la confianza de sus clientes. Confianza imprescindible en los mercados que sólo puede apoyarse en informaciones claras y solventes, emanadas, entre otros, del organismo regulador. Ahora sólo resta que las funciones sancionadoras que la normativa atribuye a la CNMV cobren el protagonismo real que la situación actual demanda. España no se puede permitir continuar mirando para otro lado ante el comportamiento que las entidades de inversión vienen desplegando en los últimos años. En cualquier caso, y una vez más, gracias a los Tribunales de Justicia seguimos avanzando.