Mediante Sentencia del día 28 de marzo de 2007, el Tribunal Constitucional por primera vez ha declarado inconstitucional un decreto ley al entender que el Gobierno no ha aportado ninguna justificación que permita apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante requerido para la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. El Tribunal ha considerado que “ninguna de las razones apuntadas parece revestir los rasgos caracterizadores de una situación de extraordinaria y urgente necesidad en los términos de nuestra jurisprudencia” por lo que no ha quedado acreditado, la concurrencia de urgente necesidad requerida para la aprobación del citado Real Decreto-Ley.

El Real Decreto-ley fue aprobado por el Gobierno el día 24 de mayo de 2002, tras la ruptura el día 21 de las conversaciones mantenidas con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el marco de la Mesa de diálogo social que había sido convocada al efecto, y tras haberse anunciado el día 23 por las organizaciones sindicales la convocatoria de una huelga general en protesta por las medidas presentadas por el Gobierno, por lo que los recurrentes alegan que “la decisión de aprobar la reforma mediante un Real Decreto-ley no estuvo en realidad basada en razones de extraordinaria y urgente necesidad, dado que el calendario previsto podría haberse cumplido mediante la tramitación parlamentaria de la reforma, sino que constituyó una respuesta al fracaso de la Mesa de diálogo social y a la convocatoria de la huelga”.

El Tribunal ha querido remarcar especialmente la importancia del diálogo social al considerar como “indudable el valor trascendente del diálogo social en nuestro Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) y la importancia de la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el procedimiento de elaboración de aquellas leyes que puedan afectar a los intereses económicos y sociales a cuya defensa y promoción contribuyen significadamente (art. 7 CE)”.

Finaliza el Tribunal haciendo alusión a la ausencia de justificación alguna por parte del el Gobierno que permita apreciar la existencia de la situación habilitante requerida por el art. 86.1 CE, califica los argumentos utilizados en el Preámbulo del Real Decreto-ley como “teóricos y abstractos”, lo que impide el control externo por parte del Tribunal Constitucional. Especialmente reseñable es el párrafo en el que el Tribunal señala que sin sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno en la apreciación de lo que haya de considerarse como caso de extraordinaria y urgente necesidad “es, sin embargo, función propia de este Tribunal Constitucional “el aseguramiento de estos límites, la garantía de que en el ejercicio de esta facultad, como de cualquier otra, los poderes se mueven dentro del marco trazado por la Constitución”, de forma que “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada” (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3) y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de un Decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución”.