Cuando la empresa se enfrenta a un procedimiento concursal resulta de vital importancia conocer los límites de la obligación de pago de las indemnizaciones laborales que tiene el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), y más aún cuando entre los trabajadores y la empresa se ha pactado una indemnización superior a la de veinte días por año que prevé el art. 53.1 del Estatuto de los Trabajadores.

En una reciente Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18 de septiembre de 2017, la Sala de lo Social ha recordado que el Fondo de Garantía de Salarial garantiza el pago de los veinte días que establece la ley, pero no la mejora que pueda haber reconocido la empresa.

El FOGASA cubre el pago de los veinte días por año, pero no la mejora que pueda reconocer la empresa.

La responsabilidad del FOGASA consiste en una prestación de garantía, según la cual este organismo garantiza a los trabajadores el cobro de la indemnización legal mínima. La remisión que el art. 33.2 del ET hace a los supuestos de extinción contractual por despido colectivo o causas objetivas nos muestra que lo que se garantiza es la indemnización legal mínima de veinte días por año, lo que es corroborado por el art. 19 del Real Decreto 505/1985 a la hora de concretar la “prestación indemnizatoria” de las extinciones contractuales por causas objetivas a cargo de la empresa.

Además, tanto el empresario como los trabajadores deberán tener presente que los pagos a cuenta que haya podido haber hecho la empresa antes del concurso minorarán la cantidad que tendrá que pagar el FOGASA, ya que los pagos efectuados por el deudor principal siempre aprovechan al deudor subsidiario.

Los pagos que haga la empresa se restarán de las cantidades que tenga que pagar el FOGASA.

Al tratarse de una única deuda, el pago parcial beneficia a quien garantiza un cobro mínimo, como es el caso del FOGASA, entidad pública cuya responsabilidad no puede ser modificada por un pacto individual o colectivo que mejore el importe de la indemnización a pagar en perjuicio del deudor subsidiario, como ya ha declarado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 15 de junio de 2015 y 29 de junio de 2015.