El art. 36.6 de la Ley Concursal, que reproduce lo previsto en el art. 241 de la LSC, regula la conocida como “acción individual” de responsabilidad que el deudor, el acreedor o un tercero pueden exigir al administrador concursal por sus actos u omisiones que lesionen directamente los intereses de aquellos.

Se trata de una acción tan poco utilizada como, sobre todo, poco estimada por parte de nuestros Tribunales, en buena medida porque -de manera más que discutible- deberá ser el juez del concurso el que deba conocer de esta demanda presentada frente al administrador concursal, quien normalmente siempre habrá contado con el beneplácito judicial previo en las decisiones que pueda haber adoptado.

Con ella lo que se protege no es el interés de la masa del concurso, sino el perjuicio directo sufrido en el patrimonio del deudor, acreedores o incluso de terceros individualmente considerados.

No se exige por tanto que concurra un perjuicio para la masa del concurso en su conjunto, como sí precisa la acción especial regulada en los apartados 1 a 5 del mencionado art. 36 LC, sino que lo habitual será que esta acción se fundamente sobre la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del Código Civil, por lo que se exige la concurrencia del triple requisito del daño, culpa y causalidad. De esta forma, la acción individual se ejercitará cuando se considere que la actuación u omisión negligentes del administrador concursal han ocasionado un perjuicio a un tercero con quien no le une ninguna relación negocial (considerándose tercero aquel que pueda tener o no alguna clase de relación contractual con la empresa concursada).

En lo que se refiere a los causados al deudor el único supuesto plausible que encontramos es el de la reclamación derivada de posibles daños a bienes inembargables del concursado, así como los ocasionados por haberle impedido obtener alimentos con cargo a la masa activa, tal y como le faculta el art. 47.1 LC.

En cuanto a los daños que pueda reclamar un acreedor, estos serán los derivados de no haber incluido su crédito en la lista de acreedores, o que el crédito sea incorrectamente cuantificado o calificado dentro del orden de prelación de créditos. Por último, el acreedor también podrá utilizar esta acción individual frente al administrador concursal si en los casos de liquidación no respetase el orden en que debe llevar a cabo los pagos.

En lo que se refiere a posibles daños causados a terceros, podemos distinguir tres supuestos. En primer lugar, los perjuicios a titulares de bienes y derechos que deberían haber sido separados conforme prevé el art. 80 LC. En segundo término, los daños a los titulares de créditos contra la masa, como ocurre en los casos de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento. Y en último lugar, los perjuicios a los titulares de bienes o derechos embargados, como sucede cuando el administrador concursal procede al embargo de bienes de los administradores de una empresa deudora.

Por último, la ley guarda silencio en lo que respecta al plazo de prescripción para estas acciones individuales, lo que ha dado lugar a cierta controversia jurisprudencial y doctrinal. Hay quien sostiene que el plazo aplicable es el de cuatro años, tanto por ser el periodo que se concede para las acciones en interés de la masa del art. 36.4 LC, como por ser el que recoge el art. 949 del Código de Comercio para las acciones contra gerentes y administradores societarios. Pero la corriente mayoritaria aboga por limitar el plazo de prescripción al previsto en el art. 1968.2 del Código Civil para las acciones de responsabilidad extracontractual, ejercitable además siempre desde que se tuviera conocimiento del hecho dañoso. Esta interpretación tiene un apoyo muy significativo: el rechazo de enmiendas que tanto el Congreso como el Senado efectuaron a la petición que proponían añadir al antiguo apartado 7 (actual apartado 6) un inciso en el que se dijera literalmente que el plazo de proscripción sería el mismo que el establecido para la acción del apartado 1, es decir, el de cuatro años. Al no haberse admitido estas enmiendas, puede afirmarse que el legislador ha querido de forma expresa diferenciar ambos plazos.

Es habitual que en la práctica forense encontremos muchos supuestos en los que se exige la responsabilidad del administrador concursal se acumulen la acción social (con la que se pretende que el administrador concursal demandado indemnice a la masa concursal) con la acción individual (en donde el actor lo que pretende es que se le indemnice directa y exclusivamente a él). Si bien esta acumulación objetiva de acciones es posible, en la demanda tendremos que tener cuidado con lo que pedimos, pues ambas peticiones siempre deberán ser subsidiarias una respecto de la otra: primero solicitaremos que el administrador concursal resarza los daños causados a la sociedad concursada, y en su defecto, que pague los daños ocasionados al demandante.

Vicente Rodrigo Díaz

Socio de Basilea Abogados

Artículo original publicado en el diario Expansión el 27 de julio de 2018.